Durante más de 35 años, gran parte de la sociedad argentina desconoció el hecho. Otra gran parte creyó que un grupo de “delincuentes” fueron abatidos por las “fuerzas de seguridad” durante un violento intento de fuga. ¿Cómo es posible, en una sociedad de más de 40 millones de habitantes y de miles de kilómetros cuadrados de extensión, mantener durante tantos años una falsedad semejante?
Lo cierto es que hoy, fehacientemente comprobado por la justicia, confirmamos que aquella triste madrugada del 13 de diciembre de 1976, fueron brutalmente torturados y luego fusilados, 22 presos políticos en su mayoría militantes de la Juventud Peronista, en las soledades desérticas del Chaco, que la impunidad y el crimen sí pudieron penetrar. No tuvieron defensa, ni juicio previo, ni derecho a existir, sólo el gatillo fácil de un grupo de ímprobos “agentes del orden”.
El primer párrafo de esta nota podría ser aplicado a muchísimos crímenes cometidos durante la dictadura cívico militar y en todos ellos se operó el mismo mecanismo de tergiversación de los hechos. La segunda pregunta es ¿qué inmenso poder existe en la Argentina que pudo sostener estos falaces argumentos? Las dos preguntas tienen su respuesta.
Para que una sociedad desconozca un hecho, simplemente debe gestionarse que la misma no sea informada. A esto lo llamamos invisibilidad u ocultamiento. Pero para que ésa misma sociedad conozca una versión tergiversada del hecho debe ser construida una “realidad alternativa” y gestionar que los responsables de informar adhieran a esta “alternativa”. Ni más ni menos eso es lo que sucedió.
En aquel momento, los principales responsables de la información en la Argentina, que no habían sido intervenidos por la dictadura, eran el diario La Razón, de la “familia” Peralta Ramos, La Nación de la “familia” Bartolomé Mitre y el diario Clarín de la “¿familia? Noble. Observando el camino recorrido por estas “familias argentinas” hasta y desde 1976, no resulta descabellado pensar que, en primera instancia como muestra de amistad y agradecimiento por no haber sido intervenidos y haberse respetado la propia “libertad de prensa” y también por haberles garantizado, sólo un mes antes de la masacre, el acceso la propiedad de la principal productora de papel del país y así obtener beneficios mutuos, por un lado la situación monopólica que garantiza inmensas ganancias sin competencia - dinero fácil a gran escala – y por el otro un sencillo control de la información, en manos de pocos y “amigos”. Por estas razones, contundentes por cierto, negociaron.
Si le sumamos a este esquema los jueces y funcionarios políticos corruptos y seducidos por el poder económico, la ecuación planteada en el comienzo queda claramente resuelta. Pero hoy, una importante parte de los factores de esa genocida ecuación fueron subvertidos, y gracias a esa “subversión” la gran mayoría de los “agentes ímprobos del orden” están condenados a cadena perpetua” y los “delincuentes en fuga” reivindicados en su lucha y descansando en paz.
El poder militar ha sido reducido, se ha invertido la correlación de fuerzas entre funcionarios y jueces corruptos y honestos y se ha cambiado el sentido de la información. Pero lo que no se ha reducido aún es el inmenso poder del dinero, en realidad de quienes lo poseen, los empresarios en general y de las empresas de medios en particular. De las tres “familias” cómplices mencionadas, dos de ellas conservan sus empresas y su poder casi intacto, la otra sigue disfrutando los beneficios.
La garantía de acceso a la información es la única herramienta para la construcción de la verdad.
La verdad es lo único que nos hará libres.
Seamos libres, lo demás no importa nada.
